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Inclusión digital y derechos de la persona

Escrito el 8 septiembre 2005 por Julian de Cabo en Educación / Education

Hace un par de días, y al hilo de unas preguntas de un periodista tuve ocasión de volver sobre el concepto de inclusión digital, y muy especialmente sobre uno de los grandes puntos de ese debate, como es el rol que las administraciones deben jugar con relación al mismo.

Creo recordar que una de las primeras ocasiones en que oí hablar de este tema bajo el nombre inclusión digital fue cuando en Sevilla el Consejo Europeo aprobó el plan de acción “eEurope”. Estábamos en el año 2.002, y en aquella ocasión, referida al ámbito europeo, la inclusión se configuraba como la voluntad de aunar esfuerzos para no dejar a ningún grupo social al margen de la revolución digital. El concepto debía transcender al ámbito nacional o de organismos concretos y convertirse en principio inspirador de la política comunitaria y de la actividad de las administraciones públicas.

Aunque en principio la idea era interesante, y acertaba sobre todo al dar la relevancia necesaria al acceso en banda ancha como elemento sin el cual es ilusorio superar la brecha digital, confieso que pensé que aquello iba a quedar en nuevo humo sin concretar. Cosas de políticos a las que no había que prestar mucha atención.

Tres años después, y para mi sorpresa, parece que si ha tenido algún efecto interesante. En concreto, parece seguro afirmar que ha tenido una influencia positiva en los ámbitos políticos de reflexión vinculados a la tutela de la Sociedad de la Información españoles.

Por no irnos más lejos, en el Informe al Gobierno Español presentado por el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información este mes de Junio, aparece una recomendación que me resulta realmente novedosa, como es la de establecer un nuevo derecho en favor de los ciudadanos: el derecho de personas y empresas a relacionarse telemáticamente con las Administraciones Públicas. Recomendando incluso la creación de un Defensor del Usuario, que ya es mucho concretar para un informe de este tipo.

Sin ser un experto jurista, no puedo asegurar que sea novedad mundial, pero sí puedo afirmar es que se trata de la primera vez que oigo hablar de tal derecho. Y aunque se antoje a priori tan etéreo como puedan serlo el derecho a un puesto de trabajo o a una vivienda digna que recoge nuestra Constitución, estoy persuadido de que no sería una mala idea darle todo el recorrido legal pertinente, llegando incluso a otorgarle carácter de derecho constitucional para España o para la futura Constitución Europea.

Al fin y al cabo, si una Carta Magna debe tener un valor programático para una sociedad, hay temas como este nuevo derecho que deberíamos incorporar al conjunto de valores por los que apostar para el futuro. Aunque sólo sea como aspiración, seguro que da fruto.

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