Ricardo Perez Garrido

Con la polémica sobre el precio de la banda ancha en España entramos de nuevo en la discusión de cual es el papel que juega el acceso en el desarrollo de la economía digital y hasta dónde debe llegar el regulador, tanto el local como la Unión Europea, para asegurarse de que la competitividad de los precios es razonable y está equiparada con estándares internacionales. No se trata de un protestar por protestar, sino que parece que merece la pena hacer un análisis del impacto social de este tema. En concreto en cuanto a la competitividad del país a todos los niveles: facilidad de acceso a medios educacionales alternativos, a la tecnología, a la comunicación, a que las nuevas generaciones asuman como algo normal determinados canales y tecnologías que les ayudarán a ser mejores profesionales y a decidirse por carreras que nos pongan en el mapa de la competitividad del futuro.

Una primera reflexión puede estar dirigida hacia el impacto de la economía digital en la economía de los países, y en concreto en cómo de importante es estar preparado para esta nueva etapa donde innovación, tecnología y competitividad parecen ir más ligados que nunca, y emprendiendo una ruta que los hará inseparables por mucho tiempo, al menos para Europa y América. De los varios indices que se publican cada año en la materia, me quedo con el de Economist Intelligence Unit, que publica su e-Readiness Ranking cada primavera. Este año, el puesto de España es el 26, bajando desde el 24. Uno de los puntos donde aparece más baja en la clasificación es en conectividad y tecnología, donde se incluyen criterios relativos a penetración de tecnología y coste de accesos. Esto a pesar de ser el país de origen de la tercera operadora en el mundo por capitalización.

Poniéndonos en modo "cuales son las oportunidades", creo que lo que se debe pedir tanto a poderes públicos como a las empresas privadas es que se lancen iniciativas que no solo incidan en el precio y calidad de las conexiones -algo fundamental para que los hogares tengan capacidad tecnológica, sino también que se incida en que los otros agentes sociales (escuelas, administraciones...) tengan capacidad para que sus servicios y actividades tengan un reflejo en el ámbito digital. Que los profesores tengan medios y capacidades para complementar su docencia online. Que las administraciones se relacionen con los ciudadanos de forma electrónica, no solo para temas recaudatorios. Eso sí marca la diferencia. Porque hace que todos los miembros de la familia tengan algo por lo que contratar un acceso y tener un ordenador en casa, o algún cacharro que les permita conectarse e interactuar con el mundo que les interesa. Sin duda el precio es importante, pero también lo es como encaja en el resto de políticas de las instituciones. Y en este caso las oportunidades de mejora son claras.

Posted on 26 November 2007 in Internet

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Posted by: Miguel at December 10, 2007 08:26 PM

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